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LEY-PESCA-BATALLA8

Con duras críticas mesa de
la Cámara declara admisible
moción para anular
Ley de Pesca.

Presidente de la Cámara de Diputados, el PPD Marco Antonio Núñez, sorprendió a los parlamentarios durante la sesión de este martes, al decidir unilateralmente que la moción sea revisada por la Comisión de Constitución y no por la Sala, como estaba programado para este miércoles.

De manera sorpresiva, este martes en la sesión del pleno de la Sala de la Cámara, la mesa dirigida por el diputado del PPD Marco Antonio Núñez, decidió declarar admisible el proyecto que busca anular la Ley de Pesca, tal como lo pidieron desde la bancada PC-IC, sin embargo, la moción será analizada por la Comisión de Constitución y no por todos los diputados en la Sala.

El diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez, si bien valoró esta decisión, criticó que se envíe a la Comisión de Constitución esta moción.

Luego, hizo énfasis en los millonarios beneficios que les reportó la llamada Ley Longueira, una vez que se promulgó, a los cuatro grupos pesqueros que existen hoy, ya que a su juicio, con las fusiones de las compañías, ya no son siete familias como era en un principio.

Además, Hugo Gutiérrez acotó que es necesario anular esta ley y no derogarla, ya que en el segundo caso habría que indemnizar en caso 10 mil millones de dólares a dichos grupos empresariales., al mismo tiempo que emplazó al Gobierno a enviar a la brevedad un nuevo texto que reemplace a la actual ley, en el caso que se determine la nulidad del texto legal.

“El Gobierno tiene el rol que en este período en que discutamos esta nulidad, ellos también tengan la posibilidad de presentar normas que vayan a incidir en esto para que en el momento mismo que haya una nulidad de la legislación ya haya una ley que, eventualmente, reemplace a la que va a ser anulada”.

En tanto, el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, coincidió con Gutiérrez en valorar la declaración de admisibilidad que hizo la mesa, pero aseguró que el hecho que se haya enviado a comisión, “puede ser una manera de sepultar el proyecto”, a juicio del diputado por Arica.

“Me gusta la idea de que se declare admisible el proyecto, pero no me gusta que se haya mandado a comisiones porque puede ser una manera de sepultar el proyecto (…) efectivamente, era la posibilidad más cierta de que supiéramos las posiciones de cada uno era que se votara en la sala. Primero hay que ver si se va a votar en la comisión, porque puede que ahí no tenga ni siquiera tramitación, eso es muy probable”.

Desde la oposición, el diputado de la UDI Ernesto Silva criticó que se quiera anular la Ley de Pesca, sin que, a su juicio, haya un cuerpo legal que la reemplace. Además, calificó la posibilidad de que se anule esta ley como una trampa de parte de quienes apoyan esta moción.

“Que presenten un proyecto de ley para anular la Ley del Tránsito, y declárelo usted admisible y se acaba. Presentemos un proyecto de ley para declarar nulas las normas de impuestos: no hay recaudación. En un marco institucional existe el legítimo de presentar iniciativas y ganar, pero yo lo que quiero decir hoy día que acá hay dos cosas que no pueden pasar: una es que se haga trampa por la vía de pretender por la vía de una anulación que no existe, cambiar algo que no le gusta. Gane por mayoría, presente una nueva institucionalidad, discútala y gane, eso sí es admisible”.

En Renovación Nacional también criticaron esta decisión de la mesa de la Cámara, calificando de irresponsable al Gobierno: “Este es un efecto dominó, de una irresponsabilidad gigantesca del gobierno, de no tratar en profundidad la modificación a la Ley de Pesca”, señaló el jefe de la bancada de diputados, Alejandro Santana.

Mientras que el diputado Gonzalo Fuenzalida, quien integra la Comisión de Pesca que “el responsable ha sido única y exclusivamente el presidente de la Cámara de Diputados que no ha tenido el suficiente coraje y liderazgo para hacer lo que correspondía hacer, que era declarar inadmisible esta norma”.

Hugo Gutiérrez y anulación de Ley de Pesca: “El Gobierno no se lo ha tomado en serio”

El diputado se refirió al avance que han tenido las negociaciones previas a la votación de admisibilidad de la moción que busca anular la cuestionada ley. “El 20 de enero sabremos la capacidad de lobby que tienen estos grupos empresariales”, anticipó el parlamentario comunista.

“La ofensiva de los grupos empresariales ha sido intensa”, reconoce el diputado comunista Hugo Gutiérrez, uno de los impulsores de la moción que busca anular la Ley de Pesca y cuya admisibilidad será votada este miércoles en el Congreso.

En conversación con la primera edición de Radio Análisis, el legislador sostuvo que “muchos diputados han conversado conmigo y me han expresado su voluntad de votar a favor de la admisibilidad, pero ha habido una ofensiva por parte de los grupos empresariales para tratar de disuadirlos. Es de esperar que no lo logren”.

Gutiérrez agregó que incluso algunos parlamentarios de derecha se han mostrado abiertos a apoyar la iniciativa. “Ellos admiten que estamos en presencia de un proyecto que vulnera uno de sus principios ideológicos fundamentales que es la libertad de empresa, al concentrar el negocio en solo cuatro grupos empresariales”.

El diputado se refirió además al rol que ha jugado el Gobierno en el debate de esta moción. “Insistí en que era necesario revisar esta ley. Lamentablemente nunca tuve eco en el Gobierno y solo se abrió a una revisión hecha por la FAO. Hubiese esperado que el Gobierno se tomara esto más en serio”.

Asimismo, agregó que sería una mala señal hacia la ciudadanía que el Parlamento decidiera mantener esta polémica ley. “Sería demasiado evidente el compromiso de algunos parlamentarios con estos grupos económicos. Si se rechaza la admisibilidad, la impresión que quedará en la ciudadanía será bastante negativa”.

Gutiérrez valoró el rol que ha jugado la ciudadanía, más comprometida con lo que ocurre en el Parlamento. “Hubo un tiempo en que la gente se despreocupó del Congreso, pero ahora pone su vista en lo que pasa y se cuestionan, porque muchas de las cosas que hemos visto tienen relación con el vínculo que existe entre la política y el dinero”.

Finalmente, el parlamentario espera que este miércoles sea declarada admisible la moción. “No sabemos cuánta capacidad de lobby han usado los grupos empresariales. Sin duda. este 20 de enero lo sabremos”.

Ex gerente general de Corpesca admite que contrató servicios de abogado UDI mientras fue asesor parlamentario del gremialismo

Francisco Mujica reconoce que se le pagaron en UF asesorías a Zumelzu durante el año 2012, mientras se tramitaba la llamada Ley Longueira. Mujica declaró que su tarea pública era “convencer a los parlamentarios de la posición del norte” y que, en ese contexto, “la labor de Mario Zumelzu era la de abrir las puertas para que esto ocurra”. El abogado gremialista cree que no hubo conflicto de interés, ya que “los temas que yo trataba con Orpis en ese tiempo eran la Ley Arica y el tema de los polimetales en esa ciudad”.

Los vínculos de la UDI con el caso Corpesca se multiplican con el avance de la investigación de la Fiscalía. Esta vez surgen nuevos antecedentes sobre abogado y querellante en el caso Caval, Mario Zulmelzu, militante UDI, ex vocero de la campaña presidencial de Evelyn Matthei y asesor de parlamentarios de ese partido y de RN. Zumelzu fue nombrado por el ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, en su última declaración ante la Fiscalía el pasado 5 de enero.

En dicho testimonio, Mujica reconoció que Zumelzu realizó asesorías remuneradas para Corpesca durante el año 2012, las cuales le fueron pagadas en Unidades de Fomento (UF). Cuando le preguntaron si él o Corpesca mantuvieron un vínculo laboral con Zumelzu, Mujica respondió: “Sí, durante todo el 2012. Él hizo una asesoría en seguimiento del proyecto de Ley de Pesca de enero de 2012 en adelante. Consta su cotización y algunos informes, pero lo que más importaba era su conversación. Se le pagaba un monto en UF mensual”, señaló Mujica respecto a la relación entre Corpesca y Zumelzu. De lo anterior se desprende que el abogado UDI realizó actividades remuneradas para la pesquera al mismo tiempo que, según su propio testimonio, desempeñaba funciones como asesor de parlamentarios.

El 28 de octubre del año pasado, Zumelzu declaró ante la Fiscalía: “Desde 1992 al 2014, les he prestado asesorías legislativas, políticas y en algunos casos profesional-judiciales a muchos parlamentarios de la UDI y también de Renovación Nacional. Desde 1992 hasta el año 2001, asesoré en forma continua y permanente al senador y por 4 años vicepresidente del Senado, don Beltrán Urenda Zegers, y más adelante en forma continua y/o esporádica a Evelyn Matthei, Jorge Arancibia Reyes y a Jaime Orpis”.

Mujica en su declaración afirma no haber sabido que Zumelzu era también asesor del hoy desaforado senador Jaime Orpis, sin embargo, esta versión queda en entredicho, ya que existen intercambios de correos electrónicos entre ambos en donde se mencionan informes enviados al parlamentario UDI. En uno de ellos, del día 9 de junio de 2012, Zumelzu escribe a Mujica: “Francisco: Ok, ningún problema, el martes a las 15:30 horas, te informo que me reuní entre martes y miércoles con Jaime Orpis, con Lagos Weber, también con algunos diputados y asesores de comités con el fin de ir sondeando el ambiente”.

Efectivamente uno de los roles que Zumelzu cumplía para Corpesca era el de tantear el terreno entre los legisladores para conocer sus posturas frente a la tramitación de la Ley de Pesca. El propio Mujica lo cuenta así en su declaración: “La labor de Mario Zumelzu era tantear a las bancadas respecto de sus posturas frente a la Ley de Pesca”. Además de Orpis y Lagos Weber, en los correos se mencionan también reuniones con los senadores Alberto Espina y Hosain Sabag (DC).

En definitiva, lo que Mario Zumelzu realizaba era un verdadero lobby en coordinación con Francisco Mujica. “La tarea pública que yo hacía era tratar de convencer a los parlamentarios de la posición del norte; en este contexto la labor de Mario Zumelzu era la de abrir las puertas para que esto ocurra”, señala Mujica en su testimonio. El ex gerente de Corpesca también cuenta que le entregó informes a Zumelzu: “Yo le entregué a Mario Zumelzu algunas presentaciones para que él manejara”. Una de esas presentaciones le fue enviada a Jaime Orpis, como consta en un correo electrónico que el abogado UDI hizo llegar a Mujica el 27 de agosto de 2012.

Zumelzu fue citado a declarar por la fiscal Ximena Chong en el marco del Caso Corpesca, debido a $2 millones de pesos que recibió de parte de la asesora de Jaime Orpis, Carolina Gazitúa, los cuales justificó de la siguiente forma en su testimonio: “El senador Jaime Orpis, me pidió que le ayudara con el tema de la contaminación de polimetales en Arica, tema que por la relevancia social que tenía y tiene, me interesó de una manera especial. A cambio de ello, recibí el reembolso de gastos, y esa cifra se debe a ello”. A pesar de que Gazitúa fue quien le transfirió los $2 millones, el abogado UDI dijo no conocerla: “Conocí en Arica a mucha gente vinculada a Jaime Orpis, la mayoría de ellas, dirigentas sociales, pero no recuerdo por su nombre a la señora Gazitúa”.

Además, el abogado es cercano al desaforado senador UDI Jaime Orpis. En su declaración de octubre, Zumelzu fue consultado por dicho vínculo y contestó que esta consistía en “una relación de amistad, lo conozco desde los años 80 en los movimientos gremiales. De los años 90 en adelante, nos empezamos a topar en el Congreso. Me llamó mucho la atención su preocupación por el tema de las drogas y de rehabilitación. A mí me llamaba mucho la atención, sobre todo respecto de los niños que nacían con problemas de adicción transmitidos por la madre (...) los contactos los tuve siempre con Jaime, haciendo la reserva que cuando viajaba a Arica me iba a buscar un chofer de Jaime, cuyo nombre no recuerdo, creo que era Sergio y le decían 'Osito'. Lo mismo en una oportunidad en Iquique. Recuerdo que en una oportunidad me ofreció un departamento que él arrendaba en Iquique, pero que no acepté. No mantuve contacto con asesores de Jaime Orpis”.

Mario Zumelzu es un histórico de la UDI, siendo militante desde que se fundó la colectividad. Conoció a Jaime Guzmán personalmente, fue un incondicional del fallecido senador Beltrán Urenda y es amigo del ex alcalde de Recoleta Gonzalo Cornejo, quien fue asesor del ministro Longueira cuando este impulsó la cuestionada ley que es conocida por su nombre.

Zumelzu tomó la defensa de la diputada Claudia Nogueira, esposa de Cornejo, quien se vio salpicada por el caso GMA. También defendió en su momento al Intendente de Valparaíso durante el primer Gobierno de Bachelet, el DC Iván de La Maza, acusado de fraude al fisco por $500 millones que “se perdieron” y en cuyo caso la Fiscalía decidió no perseverar en la investigación. Sin embargo, uno de sus casos más mediáticos fue la defensa a la ex diputada Marta Isasi, acusada de mal uso de asignaciones parlamentarias cuando era parte de la bancada UDI. Posteriormente, Isasi le solicitó ser nuevamente su abogado cuando fue acusada por su ex asesor, Giorgio Carrillo, de recibir $25 millones de parte de Corpesca.

Al ser consultado por la declaración de Mujica, Zumelzu niega de plano cualquier posibilidad de “doble militancia” o de conflicto de interés. “En absoluto, porque los temas que yo trataba con Orpis en ese tiempo eran la Ley Arica y el tema de los polimetales en esa ciudad. Las boletas que emití para Jaime Orpis son por asesorías en el asunto de la Ley de Transparencia”. Sin embargo, reconoce los servicios prestados a la pesquera: “Sí, y no fueron rectificados por Corpesca, fueron servicios prestados real y efectivamente”.

Por otro lado, el abogado UDI discrepa con las declaraciones de Mujica en cuanto a su rol como asesor de Corpesca: “Yo no usaría la palabra 'tantear', lo que hacía era conocer más o menos en lo que estaba cada bancada”. Zumelzu señala que Mujica no sabía que había asesorado a Orpis: “El tema nunca se tocó, con Francisco Mujica tratábamos temas muy puntuales”. Esto, a pesar de que Zumelzu, como dice en su declaración, prestó asesorías a varios parlamentarios de la UDI entre 1991 y 2014, y le envió correos con informes a Jaime Orpis, los que luego reenviaba a Mujica.

Asimismo, el abogado sostiene que en sus conversaciones con Mujica nunca se abordó su relación con el senador: “Nunca fue motivo de conversación, nunca me preguntó”. Por último, el abogado UDI reconoce su relación laboral con Mujica el año 2012. “Muchas veces nos juntamos en Valparaíso, muchas veces nos juntamos en la sede Corpesca, en el edificio de Angelini, tú tienes que registrarte para entrar, así que están registradas mis visitas”, señala.

Pescadores y diputados exigen a Bachelet zanjar conflicto de Ley de Pesca con nuevo proyecto

La sorpresiva decisión tomada este martes por la mesa de la Cámara de Diputados, encabezada por su presidente, el PPD Marco Antonio Núñez, sobre aceptar de manera unilateral la admisibilidad de la moción parlamentaria que busca anular la Ley de Pesca, ha generado diversas reacciones. Y no solo entre los parlamentarios, sino que también respecto de distintos movimientos sociales.

Desde el Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp) no solo han sido categóricos en exigir la anulación. También la transparencia para conocer la posición de los legisladores.

En ese contexto, durante la mañana de este miércoles, el Movimiento de Pobladores Ukamau decidió ocupar en Santiago la intersección de la Alameda con la avenida General Velásquez, en la comuna de Estación Central, en protesta por la manera en que se acogió la admisibilidad para discutir la anulación de la Ley de Pesca.

Esto, en apoyo a las distintas organizaciones de pescadores artesanales, tal como lo explicó la vocera de Ukamau, Doris González.

“La decisión de ayer no fue transparente. De esta manera no se trasparentan las votaciones sobre quién está a favor de anular la Ley de Pesca o quién quiere continuar con esta forma nefasta de hacer política”.

En ese sentido, acusó que “esta es una jugada más de aquellos parlamentarios y de un Gobierno que no quiere escuchar a la ciudadanía ni dialogar con ella”.

A estas manifestaciones se sumaron otras en Valparaíso, tanto dentro como fuera del Congreso, con la presencia de diversas organizaciones sociales encabezadas por pescadores artesanales, quienes insistieron en que la Ley de Pesca sea anulada, como también que los parlamentarios transparenten sus posiciones.

En ese contexto, desde la UDI presentaron un voto de censura contra el presidente de la Cámara por no respetar la independencia ante el uso y abuso de las urgencias por parte del Ejecutivo.

De hecho, mientras la diputada María José Hoffman acusaba ser un simple buzón ideológico del Gobierno, Marco Antonio Núñez establecía la necesidad de votar tal requerimiento.

Incluso, también desde la UDI, el diputado Jorge Ulloa solicitaba votar de manera secreta, lo cual fue rechazado por la Sala, mientras en las graderías pescadores artesanales exigían transparencia a los parlamentarios.

Luego de la votación que dio el respaldo a la mesa de la Cámara, el propio Núñez emplazó al Ejecutivo a tomar una postura clara frente al tema.

Sortear los asuntos técnicos

Técnicamente no existe ninguna figura jurídica que permita la “anulación” de una ley. El mecanismo actualmente vigente es el de la derogación (expresa o tácita), donde viene una nueva ley a establecer ciertas disposiciones normativas que van a reemplazar a la ley antigua.

La principal razón esgrimida por los parlamentarios del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana, para solicitar la anulación, es evitar los efectos patrimoniales que pudiera tener, es decir, para evitar el pago de millonarias indemnizaciones a las empresas que actualmente controlan la extracción de los recursos marinos.

En términos políticos, la solicitud de anulación permite discutir un tema en que, debido al complejo escenario de corrupción, resulta difícil para los parlamentarios de todos los partidos oponerse.

En este escenario, el presidente de la Cámara Baja destacó la necesidad de tomar determinaciones, afirmando que “vale la pena que a propósito del debate de estos últimos dos días el Gobierno decida particularmente, a través del ministro de Economía, lo que ocurrirá con la Ley de Pesca y la pesca en nuestro país”.

Además, el diputado afirmó que dado las restricciones jurídicas, resulta fundamental que el Gobierno tome una posición clara, “lo que significa enviar indicaciones a la ley existente o presentar una nueva ley”.

Por su parte, el diputado de la Izquierda Ciudadana Sergio Aguiló, reconoció que la estrategia es compleja y advirtió que van a tramitar la anulación “con el timing suficiente como para que simultáneamente tengamos una nueva Ley de Pesca. O sea, no puede haber tierra de nadie, no puede haber un área en el país donde no haya Estado de Derecho, donde haya ley de la selva, porque eso sería lo peor para los intereses biológico-marinos de Chile, y lo peor para la propia pesca artesanal”.

Presente en las graderías de la Sala de la Cámara, Gino Bavestrello, director nacional de Condepp, fue uno de los tantos que siguió atento la discusión.

Junto con destacar que se hubiese revelado quiénes son los que realmente están a favor de aprobar la nulidad de la Ley de Pesca, desafió al Gobierno y particularmente a Michelle Bachelet para que tome la iniciativa en este nuevo proceso.

“Queremos que el Ejecutivo se deje de niñerías. Nosotros no estamos por cambiar ni subsecretarios, ni nada. Yo creo que ésta es una buena inyección de optimismo para que el Gobierno de Chile reaccione y cumpla los compromisos. Esto de cambiar la ley fue un compromiso de la Presidenta, quedó en el acta de las reuniones que tuvo con nosotros, estando presentes organizaciones sociales”.

El propio dirigente de los pescadores artesanales confirmó que desde marzo la Comisión de Constitución de la Cámara comenzará a revisar el proceso de nulidad, instancia a la que ya fueron invitados.

Incluso, advirtió que de no existir voluntad de parte del Ejecutivo, se vendrán tiempos difíciles para el Gobierno con un inminente estallido social.

Ministro de Economía: “Moción que anula Ley de Pesca es claramente inconstitucional”

“Vamos a proponer modificaciones de forma tal de perfeccionarla y de que represente adecuadamente lo que son los derechos de todos los chilenos en esta materia, pero creemos que es importante mantener y validar lo que es la institucionalidad”.

Con estas palabras, Luis Felipe Céspedes, ministro de Economía, se refirió a la moción que busca declarar nula la cuestionada Ley de Pesca quien agregó que “nosotros como gobierno consideramos que la moción que anula la Ley de Pesca es claramente inconstitucional y esperamos que la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados así lo determine”.

Desde el ámbito empresarial, en tanto, reaccionaron críticamente ante este nuevo escenario. Así lo manifestaron desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC),  presidida por Alberto Salas, a través de un comunicado. “Vemos con gran preocupación que algunos, con una mirada de corto plazo, intentan tomar un atajo, ejecutando medidas populistas que pueden tener graves consecuencias jurídicas y económicas”.

El documento agrega que “la única opción viable para continuar siendo un país serio y responsable, donde la certeza jurídica permita mantenernos en el camino al desarrollo, es respetando nuestro estado de derecho y conservando la supremacía de nuestras instituciones. Sería una absoluta irresponsabilidad avanzar en cualquier iniciativa que apunte en el sentido contrario”.

LOS DC  QUE LA DEFIENDEN A BRAZO PARTIDO

Enano Zaldivar cohechado:

El repugnante senador golpista de la DC Andrés Zaldívar, el mismo que lleva más de 80 años cagando la vida de todos los chilenos y que para más remate recibió dinero de las empresas pesqueras, se unió a la UDI en su defensa a la Ley Longueira, ante la iniciativa que busca anularla debido a los comprobados sobornos que recibieron los parlamentarios para aprobarla. Entrevistado por Radio Cooperativa, aseguró:

  

“Lo peor que podría pasar en este país es que no hubiera una Ley de Pesca, porque ahí sí que el más grande se come al más chico. (algo que ya están haciendo ahora), la ley que actualmente está rigiendo se aprobó, en su momento, por un Parlamento, legítimamente y democráticamente, a pesar de las observaciones que se hacen de que hubiera habido cohecho”.

IGNACIO WALKER Y SUS PATETICOS ARGUMENTOS

A las vergonzosas defensas de la corrupta Ley Longueira realizadas por El MercurioErnesto SilvaAndrés Zaldivar, (nótese el grupito), quienes se volvieron locos ante el proyecto que busca su anulación, en algo que no sorprende considerando su largo historial de traición al pueblo, ahora se sumó el siempre miserable Ignacio Walker. ¿Sus argumentos? como buen DC, mentir sin asco alguno.

  

Y es que además de ser aprobada a punta de sobornos, la Ley Longueira se busca anular debido a que los únicos beneficiados han sido las grandes empresas pesqueras, las que ya tienen en peligro de extinción varias especies debido a las obscenas cuotas de pesca otorgadas, causando además gran cesantía entre los pescadores artesanales.

Al respecto, el parlamentario enfatizó ante los medios de comunicación que "la acción de los diputados del Partido Comunista, solicitando la anulación de la Ley de Pesca, no sólo es demagógica, es populista, es completamente irresponsable".

El parlamentario argumentó sus dichos en que "primero, porque no existe la nulidad de una ley en el sistema jurídico chileno; segundo, porque es totalmente inadmisible, y tercero, porque nosotros tenemos un programa de Gobierno que muy bien dice que hay que evaluar la marcha de la Ley de Pesca después de tres años".

Ante los dichos del ex timonel de la DC, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, respondió que "el senador Ignacio Walker parece que algo tiene en los genes respecto al Partido Comunista, porque cualquier cosa él se la achaca al Partido Comunista".

"En la nulidad de la Ley de Pesca, nosotros presentamos un proyecto que podía ser aprobado o rechazado, como se hace con todas las mociones, a lo cual tenemos absoluto derecho, lo que pasa es que la mayoría de la Cámara, hasta sectores de derecha, estuvieron de acuerdo con la admisibilidad del proyecto", agregó el diputado del PC.

La contraofensiva de la derecha y la industria para frenar la anulación de la Ley de Pesca

El diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), integrante de la Comisión de Pesca, aseveró que "con esta decisión nos transformamos en un Parlamento bananero", ya que deja "la puerta abierta" para que se empiece a pedir la nulidad de otras leyes. "Es una falta de seriedad absoluta", sentenció.

Ronchas ha sacado en el mundo de la industria pesquera y de los partidos de oposición la definición de la Cámara Baja de declarar admisible la solicitud del diputado Hugo Gutiérrez (PC), de anular la Ley de Pesca. Es así como se ha articulado un discurso de contraofensiva que apunta principalmente al precedente que podría significar el anular una ley y la inconstitucionalidad de la medida.

El diputado UDI, Ernesto Silva, aseguró que “Chile es un país donde todos tenemos que debatir, y si alguien quiere cambiar algo, que presente una propuesta para hacer el cambio. Pero en Chile hay dos cosas que no pueden pasar: uno, que alguien haga trampa para modificar las cosas a su gusto; y dos, que las autoridades no tengan carácter y no se pongan los pantalones”.

“Y lo voy a decir con todas sus letras: el presidente de la Cámara de Diputados no tiene carácter porque hoy tenía que decir que este proyecto era inadmisible e invitar a quienes tenían una propuesta para cambiar esta ley u otra a presentar otra iniciativa legal”, enfatizó el parlamentario.

Por otra parte el Jefe de Bancada de RN, diputado Alejandro Santana, aseguró que la decisión es una "falta de prolijidad, una irresponsabilidad, que gatilla que la Cámara de Diputados tome decisiones equivocadas, decisiones que son señales no solo para hoy, sino para el futuro".

Siguiendo esta línea, el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), integrante de la Comisión de Pesca, aseveró que "el responsable ha sido única y exclusivamente el presidente de la Cámara de Diputados, que no ha tenido el suficiente coraje y liderazgo para hacer lo que correspondía hacer, que era declarar inadmisible esta norma".

Desde el mundo empresarial también se inició la contraofensiva. La Sociedad Nacional de Pesca declaró que era "ilegal" la admisibilidad de la iniciativa del Partido Comunista. "De prosperar, sería insanablemente nula por ser contraria a la Constitución y a las leyes vigentes.", aseveró Francisco Orrego, presidente de la asociación.

"Si esta admisibilidad ilegal llegara a aprobarse, se daría la señal de que en Chile se terminó el Estado de Derecho, lo que confiamos será evitado por la mayoría de la Cámara de Diputados, institución fundamental de la República", agregó.

Para Juan Carlos González, presidente del Sindicato Interempresas de Patrones y Capitanes de Pesca, "con esta decisión se rompe el Estado de Derecho que debe imperar en una democracia. Entramos en un escenario que ni siquiera está previsto en la Constitución ni hay normas para poder guiarlo. Es un hecho nunca antes visto que dañará a un sector laboral muy importante para el país (...). Esperamos, sin embargo, que prime la cordura”.

Desde la Asociación de Industriales Pesqueros, ASIPES, indican que "han condenado los escándalos de financiamiento irregular a la política que han afectado a un senador y una ex diputada, pues son dañinos para el país y la democracia. Sin embargo, el planteamiento que el sector pesquero industrial pudo haber comprado una ley económica, 'vía el cohecho y la corrupción', es una afirmación temeraria y carente de toda veracidad, pues la actual Ley de Pesca obtuvo aprobaciones amplias y transversales de diversos actores políticos con representación parlamentaria".

Finalmente, hicieron un llamado al Gobierno de Chile "para que efectúe todos los esfuerzos necesarios para que impere el Estado de Derecho y se evite una escalada mayor que signifique la destrucción de un sector económico que brinda empleo y desarrollo a más de 36 mil personas a nivel nacional".

Si bien el organismo condenó los aportes de Corpesca al senador Jaime Orpis y a la ex diputada UDI Marta Isasi durante la tramitación de la normativa, “el planteamiento que el sector pesquero industrial pudo haber comprado una ley económica, ‘vía el cohecho y la corrupción’, es una afirmación temeraria y carente de toda veracidad, pues la actual Ley de Pesca obtuvo aprobaciones amplias y transversales de diversos actores políticos con representación parlamentaria”.

Es por ello que hicieron un llamado a La Moneda para hacer valer el Estado de Derecho y anunciaron que recurrirán “a todas las instancias que permite la legalidad, en caso que se mantenga el proyecto en tramitación”.

Presidente de Sonapesca declara la guerra al PC por posible anulación de la ley: "Han preferido el camino del chavismo al Estado de Derecho"

Francisco Orrego además recordó que la ley fue aprobada en 2012 por amplia mayoría del Parlamento y advirtió que recurrirán a todas las instancias y "golpearemos todas las puertas" para defender los puestos de trabajo de la industria.

Luego de que la Cámara de Diputados declarara admisible la solicitud de anulación de la Ley de Pesca, conocida como la "ley Longueira", la reacción de quienes se oponen a una posible nulidad se hizo notar rápidamente.

Francisco Orrego, presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) apuntó directamente a los autores de la moción, los parlamentarios de la bancada que forman el Partido Comunista y la Izquierda Cristiana.

"Esta iniciativa del Partido Comunista no solo afecta al sector pesquero chileno en su conjunto, sino que también al país completo. Abre una alerta a otras señales económicas y productivas, que producto de iniciativas demagógicas y populistas sufran embates regulatorios como los que están detrás de esta moción. Lamentablemente, esta moción viene a afectar el clima de inversión y de certeza jurídica que al país tanto le ha costado construir", afirmó a La Tercera.

Orrego acusó al grupo de intentar  replicar en Chile el modelo legislativo venezolano. "El Partido Comunista ha preferido elegir el camino corto del chavismo venezolano en vez de seguir el camino correcto del Estado de Derecho y las reglas democráticas", enfatizó.

El dirigente gremial añadió que en el ordenamiento jurídico chileno no existe la posibilidad de que el Congreso anule una legislación. "Desde el momento en que el Congreso se atribuye facultades que son propias de otros poderes del Estado, hace que ese acto sea insanablemente nulo y, por ende, contrario a la Constitución", precisó.

El presidente de la sociedad que agrupa a la industria pesquera, principal afectada por una eventual nulidad, recordó que la ley fue aprobada de forma contundente por el Congreso. "Durante la tramitación de esta ley en el 2012, la actual Ley de Pesca fue respaldada por 100 parlamentarios, diputados y senadores y solo 30 votaron en contra. Aún aislando ese voto, no creo razonable que la aprobación tan contundente y mayoritaria por parte del Congreso hubiese sido distinta. Los alcances que puede tener una medida como esta, desproporcionada e imprudente, son incalculables".

Por último, Orrego hizo un llamado a "los parlamentarios que aún creen en el Estado de Derecho, que aún confían en las instituciones de este país, para que terminen rechazando esta moción. Además hago un llamado a la tranquilidad de los miles de trabajadores, y todos los empresarios que están relacionados con la pesca industrial, que nosotros vamos a recurrir a todas las instancias y vamos a golpear todas las puertas que sean necesarias para defender sus puestos de trabajo".

Bancada PC-IC tras admisibilidad del proyecto que anula “Ley Longueira”: “Es el camino más correcto y justo para crear una nueva Ley de Pesca”

En un hecho calificado como histórico, la Mesa de la Cámara de Diputados declaró la tarde de este martes 19 de enero la admisibilidad del proyecto que anula la Ley de Pesca, presentado por los diputados de la bancada PC-IC, Daniel Núñez y Hugo Gutiérrez. “Nuestro proyecto tiene un fundamento jurídico sólido que ha sido admitido”, sostuvieron.

Tras una semana de intenso debate, finalmente la Mesa de la Cámara de Diputados declaró admisible el proyecto que busca la anulación de la denominada “Ley Longueira” y que durante los últimos días fue tema central en las actividades legislativas.

El jefe de la Bancada PC-IC, diputado Daniel Núñez, consideró como una “satisfacción el que la Mesa haya declarado admisible este proyecto.

Consideramos que los parlamentarios tenemos el derecho y el deber  de reivindicar la soberanía del mundo político frente al poder de los grandes grupos económicos como los del grupo Angelini, dueño de la empresa Corpesca”.

El representante por la región de Coquimbo agregó que el proyecto busca la nulidad por sobre la derogación, pues esta última alternativa implicaría una indemnización por más de 10 mil millones de dólares para las empresas pesqueras.

“Es evidente que puestos en la disyuntiva de hacer cambios profundos como queremos hacerlo a la Ley de Pesca y el riesgo de que implicaría la derogación, porque si tocamos la propiedad privada de estas empresas, nos parece inmoral que el Estado de Chile al reformular la ley de pesca tenga que indemnizar a una empresa que obtuvo grandes beneficios económicos  con dolo. El CDE le dijo a todos los chilenos que la empresa Corpesca tenía un empleado en el Senado y este empleado legisló a favor de la privatización de los peces, que son patrimonio de todos los chilenos”, sostuvo Núñez.

En esa línea, el jefe de la bancada PC-IC expuso que “el camino más correcto y justo para crear una nueva Ley de Pesca, que ponga los recursos pesqueros de todos los chilenos, que cuide la sustentabilidad, que privilegie a los actores que siempre han tenido una posición desmejorada, pero que han trabajado toda la vida en este rubro, como lo son los pescadores artesanales, es anular la Ley de Pesca. Nuestro proyecto tiene un fundamento jurídico sólido que ha sido admitido”, concluyó.

Por su parte, el diputado Hugo Gutiérrez, promotor de la moción junto al diputado Núñez, explicó que el proyecto nace porque “nosotros desconocemos la legitimidad de una ley que se obtuvo a través de la coima y el cohecho. No es posible que mañana se presente una ley derogatoria y que tengamos que indemnizar en millones de dólares a estas empresas que obtuvieron toda la biomasa marina a través del cohecho. Eso no es correcto”.

Gutiérrez clarificó que si bien el proceso de la anulación de la Ley de Pesca tomará su tiempo, ese espacio servirá para que se presente una Nueva Ley de Pesca. “Nosotros planteamos la nulidad de un legislación mientras podemos discutir otra ley que pueda presentar el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene todo el derecho para presentar un proyecto de ley que tengan relación con, por ejemplo, la licitación de cuotas y la preservación de la biomasa, cosas que son temas que sin duda se deben discutir. Hay que ser claros en que la nulidad no se declarará de aquí a mañana. Esto será un proceso y en el intertanto el Ejecutivo puede presentar proyectos que vayan orientados a corregir la actual legislación pesquera”, concluyó el diputado por la región de Tarapacá.

Senador Quinteros (PS) propone revisar Ley de Pesca y dice que su anulación es "poco probable"

Quinteros sostuvo que derogar la llamada Ley Longueira es un escenario poco probable. “Nosotros pensamos que el camino correcto es pedir la revisión de la ley de pesca, no la derogación, creo que es muy difícil que se derogue una ley. Las declaraciones que hemos escuchado van por ese camino".

Tras la admisibilidad del proyecto presentado por un grupo de diputados para anular la Ley de Pesca, el senador por Los Lagos Rabindranath Quinteros insistió en que resulta más eficiente impulsar un proceso de revisión y mejoramiento del cuerpo legal existente que la anulación o derogación del mismo.

En julio de 2015, las senadoras Adriana Muñoz, Carolina Goic y el senador Quinteros presentaron una moción para modificar la ley de Pesca la convicción de que la legislación vigente requiere profundas modificaciones, no sólo por el cuestionamiento a su legitimidad, sino también porque, según expresó el legislador, “ha demostrado ser una ley insuficiente para proteger y cautelar el patrimonio pesquero del país”.

Quinteros sostuvo que derogar la llamada Ley Longueira es un escenario poco probable. “Nosotros pensamos que el camino correcto es pedir la revisión de la ley de pesca, no la derogación, creo que es muy difícil que se derogue una ley. Las declaraciones que hemos escuchado van por ese camino. Incluso algunos ya acusan populismo y que es un atropello al estado de Derecho”, comentó el parlamentario en alusión a la polémica generada por la aprobación de la mesa de la Cámara Baja a la propuesta de anulación presentada hace pocos días por un grupo de legisladores.


El senador Quinteros sostuvo que el camino más eficiente para enfrentar los cuestionamientos a la legislación vigente es su revisión y modificación.

“Pensamos que ese es el camino más eficiente, a pesar de la opinión en contra que tiene la Subsecretaría de Pesca, y esperamos que el gobierno tome cartas en el asunto y construya una mesa de trabajo con los diputados y senadores de las comisiones de pesca”, recalcó el senador PS.

La moción de Muñoz, Goic y Quinteros fue aprobada en la Comisión de Pesca y ahora debe ser discutida en la sala.


“Hay sectores de la pesca artesanal que están totalmente de acuerdo con las modificaciones que hemos propuesto –incluido un sistema de licitaciones más equitativo, competitivo y de mayor rentabilidad para el Estado-, otros las apoyan parcialmente y hay un sector de la industria que rechaza cualquier cambio, pues en las debilidades de la actual legislación hay un espacio de comodidad para que unos pocos hagan buenos negocios. Esas discrepancias deberán ser zanjadas en el trámite del proyecto” concluyó el senador.

La Moneda, el PDC y El Mercurio intentan desactivar anulación de ley de pesca 

Por Juan Carlos Cárdenas

Director Ejecutivo Centro Ecoceanos

Se han levantado las alarmas en el partido demócrata cristiano (PDC) y el palacio de La Moneda. Por ello han iniciado un plan de emergencia para poner bajo control, y posteriormente ir desarticulando esta inédita propuesta legislativa presentada por diez parlamentarios de la bancada PC-Izquierda Ciudadana e Independientes para anular la ley angelini- longueira.

Ante el creciente descrédito público de la denominada ley Angelini-Longueira de privatización pesquera -la cual entregó de manera gratuita y a perpetuidad los peces del mar chileno al cartel de siete familias que dominan este sector económico-, y la sorpresiva entrega a la cámara de diputados el 6 de enero del proyecto de ley que busca anularla, se han encendido las alarmas en

Importante es recordar que el PDC y seis de sus senadores- Ignacio y Patricio Walker, Jorge Pizarro, Andrés Zaldívar, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Hossain Sabag- fueron piezas claves en la promulgación de la cuestionada ley de pesca el 2012, con la sola excepción de la senadora Ximena Rincón. 

Una de las razones que explicaron el comportamiento de manada del partido falangista, fue el histórico papel de financistas que han tenido dos de los principales grupos empresariales beneficiados con la cuestionada ley: La familia Angelini (Corpesca –Orizon-SPK) y Yaconi (Pesquera El Golfo, ahora Blumar). Hoy tan sólo Angelini posee el 51 % de las cuotas de captura nacionales, mientras Blumar, es la segunda propietaria de cuotas de pesca.

300.000 firmas ciudadanas respaldan anulación

Una de las características de la iniciativa legislativa para anular la viciada ley 20.657, es la campaña ciudadana que impulsa la Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero (Condepp) y el Centro Ecocéanos, junto a diversas federaciones de pescadores artesanales, pueblos originarios, confederaciones estudiantiles y una amplia coalición de organizaciones sociales, que han reunido 300.000 firmas durante los últimos meses que apoyan la anulación.

Desde el 2012 la ley Angelini-Longueira de pesca se ha ido convirtiendo en el símbolo del rechazo ciudadano al abuso y corrupción político-empresarial en Chile.

A lo anterior se suman los resultados de la reciente encuesta nacional Plaza Ciudadana Cadem, la que señaló que el 89% de los ciudadanos consultados piensa que existió cohecho en la elaboración de la ley de pesca, mientras un 79% indica que sólo beneficia a los intereses de los industriales. Por su parte, un abrumador 93% de los encuestados por Cadem, señala la necesidad de volver a legislar si se confirman los delitos de cohecho que investigan la fiscalía nacional económica.

Anular, no derogar o reformar la ilegítima ley Angelini-Longueira

El principal elemento diferenciador de la actual iniciativa legislativa, con el anterior intento de revisión de esta ley, -que fue presentada el 2015 por los diputados Rabindranath Quintero (PS), Carolina Goic (PDC) y Adriana Muñoz (PPD), o el sui generis proceso de revisión de la ley de pesca que lleva a cabo la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), por encargo del subsecretario de pesca Raúl Súnico (PS)-, es que el proyecto encabezado por los diputados Hugo Gutiérrez y Daniel Núñez (PC), tiene como objetivo la nulidad, y no la derogación de la ley 20.657. 

La derogación de este cuerpo legal obligaría a los contribuyentes chilenos a tener que indemnizar con aproximadamente US$ 10.000 millones de dólares a los clanes familiares y transnacionales beneficiados de manera fraudulenta, gratuita y a perpetuidad, con monopólicos derechos de propiedad, acceso y uso de los recursos marinos del país.

Si se deroga la Ley, los clanes familiares que serían nuevamente beneficiados por el parlamento, estarían los Angelini, Yaconi-Santa Cruz, Lecaros-Menéndez, Izquierdo- Menéndez, Sarquis, Stengel, Del Río, Fosk y Bohorodzaner, entre otros, y las transnacionales Emdepes / Nippon Suissan Kaisha (Japón), Frio Sur / Grandi HP (Islanda) y Alimar / FoodCorp / Austevoll Seafood ASA (Noruega).

Por eso, es necesario la anulación de le Ley Angelini-Longueira.

Desarticular “desde adentro” el proceso de anulación de ley de pesca 

Tanto para ciudadanos como parlamentarios, llamó la atención que a menos de 24 horas de haber sido presentado el proyecto de anulación, la primera reacción de la Secretaría Ejecutiva de la Cámara de Diputados fue la de considerar su no admisibilidad, estrategia que se fue modificando para ganar tiempo, postergando la vista de la moción en dos semanas (20 de enero), bajo el argumento que faltaban antecedentes en el análisis jurídico-legislativo que debía evacuar la secretaría de la cámara de diputados.

Frente al transversal apoyo de la opinión pública, movimientos sociales y sectores de parlamentarios, incluidos los diputados García y Paulsen de RN, el ejecutivo y el PDC han optado por una estrategia de “control de daños”, intentando de paso bloquear el creciente  protagonismo de la bancada PC-IC (objetivo en el que concuerdan con El Mercurio), así como de un movimiento social que se autonomiza bajo la alianza de ciudadanos, pescadores, estudiantes y organizaciones de pueblos originarios.

La ictiopolítica chilena: Elaborar una nueva ley de pesca “jurel tipo salmón”, con exclusión de la ciudadanía, pesca artesanal y pueblos originarios

Por ello se espera que este 20 de enero, el palacio de La Moneda, en alianza con el PDC, promoverán que el proyecto sea puesto en tabla y declarado admisible, para dar inicio a la discusión en particular, y posteriormente tomar el control del proceso parlamentario, sacándolo de la participación y control público. De esta manera podrán entrar a negociar cambios secundarios a la ley Angelini-Longueira, muchos de ellos de corte populista.

Con esto, el gatopardismo pesquero lograría resguardar la visión neoliberal y el corazón del negocio contenido en esta ley. Esto es: la privatización de bienes públicos y recursos naturales estratégicos del país, la mantención de la propiedad y uso monopólico de las rentas pesqueras por parte de los dueños del capital, la exclusión de los pueblos originarios y del 90 % de los pescadores artesanales, así como la eliminación del Estado y la transferencia al mercado de la capacidad absoluta de asignar propiedad, acceso y uso a las pesquerías de la Nación. A ello se sumaría la plena transabilidad de las licencias de pesca y cuotas individuales de captura, así como la no modificación de las restringidas condiciones para licitar las pesquerías industriales.

A cambio se ofrecería el aumento de los porcentajes de cuotas de pesca para los armadores artesanales, el no pago de patente para las áreas de manejo y el establecimiento de una “plataforma social”, en que el que los contribuyentes chilenos asuman los costos de la privatización y la actual crisis ambiental y social de las pesquerías nacionales. Nuevamente, negocio redondo para las siete familias.

Donde se prevé conflictividad entre los honorables parlamentarios, será en lo referente a la entrega a perpetuidad de las licencias de pesca, los intentos de licitación de mayores porcentajes en algunas pesquerías industriales, la declaración de pesquerías para captura exclusiva del sector artesanal, y la recuperación de los derechos de los pueblos originarios y los pescadores que no sean armadores artesanales.

Los incorregibles de siempre


Resulta difícil de aceptar, a la luz de los antecedentes sobre el financiamiento ilegal de la política, que quienes fueron parte del espúreo proceso de aprobación de la ley Angelini-Longueira, aparezcan nuevamente coludidos con los intereses estratégicos del cartel de la pesca y en alianza con cuestionables dirigentes sindicales del sector pesquero.


Es así que llamó la atención la premura de los vicepresidentes del PDC, Ignacio Walker (quien votó a favor de la ley Angelini- Longueira) y Sergio Espejo, para escribir una mediática carta a Nicolás Eyzaguirre, actual ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), donde le anunciaban “estar de acuerdo de la necesidad de reformar la ley de pesca, asegurando el acceso justo y sustentable de los recursos del mar a todos los chilenos (sic) ”. 
Para ir preparando el escenario de desalojo de los diputados pro-anulación de la ley de pesca, Walker y Espejo le solicitan a la Segpres “un pronunciamiento sobre la admisibilidad y el mérito de fondo de la iniciativa”, y si un eventual apoyo al inicio de la tramitación parlamentaria “cuenta con el respaldo del gobierno”. Acto seguido pasan a proponer que la Segpres tome la iniciativa para formar a la brevedad una “mesa de acuerdo” entre representantes del gobierno, parlamentarios y las Naciones Unidas (FAO). Con ello se vuelve a intentar repetir un proceso que entre el 2010- 2012 estuvo falto de transparencia, de control público y de participación informada de quienes fueron los principales afectados por la expropiatoria ley de pesca, estos son los pescadores artesanales no armadores, los pueblos originarios Mapuche- Lafkenches, Huilliches-, Rapa Nui y Kaweskar, los ciudadanos organizados, los estudiantes y los consumidores, entre otros.

Ha sido llamativo volver a ver con vista al próximo 20 de enero, a políticos, empresarios y operadores de la Subsecretaría de Pesca, realizando lobby con parlamentarios y dirigentes de la pesca artesanal. Nada han dicho aún las Ongs transnacionales que operan en Chile, tales como WWF y Greenpeace, quienes apoyaron entusiastamente a nivel mediático el 2012 al entonces ministro de economía Pablo Longueira (hoy declarando como inculpado de cohecho y fraude al fisco por los casos Corpesca, Pesquera El Golfo y SQM), argumentando que la ley se basaba “en aspectos de sustentabilidad” y las decisiones de manejo pesquero eran de carácter “científico-técnico”.

Como era de esperar, las dirigencias de las dos principales confederaciones de la pesca artesanal, Conapach y Confepach, han manifestado su rechazo a cualquier intento de anulación o de reforma a la ley que negociaron en una mítica “mesa de colusión” pesquera el 2011, con Sonapesca, Asipes y el ex ministro Longueira.

Igual posición han señalado los tradicionales dirigentes de los sindicatos de trabajadores de la flota y plantas procesadoras de la industria, dando inicio una pequeña campaña del terror, al amenazar con el incremento de los despidos de trabajadores por parte del empresariado y la existencia de un vacío legal que transformaría en un far west nuestro mar al volverse al sistema de “carrera olímpica”.

Por su parte, las patronales Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) y Asipes, están dando muestras de encontrarse por primera vez a la defensiva, descolocadas y sin entender lo que está sucediendo. Esto, en un contexto de fuerte cuestionamiento social al empresariado tradicional y sus mafiosas prácticas.

Luego de una semana de silencio, han emitido sendas declaraciones públicas, con el apoyo orientador este domingo de la editorial de “El Mercurio”, donde reiteran sus corporativistas argumentos de defensa de la propiedad privada, la lucha contra el caos, la mantención de la estabilidad y la seguridad jurídica, así como el de la inconstitucionalidad que tendría cualquier intento de reformar o anular la ley de pesca.

A ello agregan la descalificación de los diputados que impulsan dichas iniciativas, acusándolos de ideologismo y populismo , mientras señalan que los casos de cohecho y corrupción pesquera asociados a la génesis de la ley, son aislados y sólo afectarían a una diputada, un senador y una empresa de la zona norte.

Bomba de tiempo puesta en el corazón del sistema neoliberal

La ley de pesca junto a los casos Penta, Corpesca y SQM, constituyen una  “bomba de tiempo” para la casta político-empresarial-militar que nos mal gobierna. Ella contiene insospechadas aristas políticas, ambientales y sociales que la hacen inviable hasta el 2033.

La discusión y decisiones parlamentarias sobre el actual proyecto de nulidad generarán precedentes políticos y jurídicos en temas tan complejos e interrelacionados como el derecho de propiedad por sobre cualquier consideración, el tema de la mantención del sistema de AFPs, la propiedad y los derechos de uso del agua, la recuperación de los bienes comunes y recursos naturales del país, o la discusión del proceso constituyente.

Desde ya, esta propuesta legislativa de nulidad de la normativa pesquera, pone en entredicho el enfoque legislativo tradicional, cuestionando si quienes han generado un acto jurídico altamente viciado en su génesis y posterior tramitación, pueden ser los mismos quienes decidan sobre su nulidad o no.

Es ahí donde se está creando un inédito espacio para el papel legislativo de un tercer actor: la ciudadanía informada, propositiva y movilizada. Además se pone en discusión la legitimidad de una ley, la cual no sólo debe estar regida por la probidad, sino que también por su eficacia, al generar el respeto y cumplimiento consciente de parte de los regulados, lo cual no es el caso de la ley 20.657 Angelini-Longueira.

A dos años de la imposición fraudulenta de esta ley, las prácticas de pesca ilegal por el accionar tanto de la industria como de los armadores artesanales, se han incrementado entre un 200% a 400% según la pesquería afectada, señala tanto Sernapesca, como  Sonapesca y Asipes´.

Especies tan emblemáticas como la merluza común, merluza austral, sardina, anchoveta, jibia, bacalao de profundidad, loco, erizos y algas pardas, son impactadas por el evidente incumplimiento de esta cuestionada ley. A su vez, entre el 2012- 2014, el número de pesquerías sobrexplotadas y colapsadas ha continuado incrementándose de manera serial, como lo señalan los estados de situación de las pesquerías chilenas que anualmente publica la secretaría de pesca.

Hoy, la ciudadanía aprecia que la ley de pesca y acuicultura no tan sólo es ilegítima en su génesis y expropiatoria de derechos y bienes públicos, sino que también es inviable en lo político, ambiental y social. Por ello, este 20 de enero comienza, tanto en el parlamento como en la calle, una nueva fase en la lucha, de la cual todos debemos ser partícipes, contra el abuso y la corrupción de la casta política.

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