MINISTERIO-EMPRESARIIAL8

Ministerio de Medio Ambiente
intenta  hundir a Puchuncaví:
secretaría de Estado altera
niveles de emisión de
contaminantes y beneficia a
empresas. Contraloría rechazó
plan de descontaminación que
incluía también a
Concón y Quintero.

La semana pasada, el organismo contralor rechazó el plan de descontaminación de una de las zonas consideradas de sacrificio ambiental.

El texto de la entidad destaca que la “modificación” efectuada por la cartera ministerial gatilló la caída de uno de los 14 planes que trazó el programa de Michelle Bachelet en esta materia.

El dictamen señala que los niveles de emisión consignados en el inventario son superiores a los del informe técnico, "habiendo sido modificados mediante una estimación efectuada por la secretaría de Estado".

Según organizaciones de la zona, con esto queda claro que los "errores" del ministerio van en directo beneficio de las empresas.

Los 90 mil habitantes de Concón, Puchuncaví y Quintero conviven en 524 km2 de contaminación.

En los últimos años han tenido que cargar con enfermedades y hasta muertos.

Los familiares que los sobreviven han creado agrupaciones que han gritado a los cuatro vientos que, detrás de sus partidas, están las empresas de la zona.

Cargan con fichas médicas, radiografías y una larga espera, porque, a pesar del tiempo, siguen habitando una zona de sacrificio ambiental.

El plan de descontaminación para la zona era crucial. Cuando el Consejo de Ministros lo aprobó –en diciembre del año pasado– el entonces titular de Medio Ambiente, Pablo Badenier, salió a celebrar la decisión: “Lo que busca este plan es congelar las emisiones ya presentes y poder disminuirlas, básicamente de Gener, División Ventanas Codelco y Refinería Aconcagua Enap, que son los grandes emisores. También prever un mecanismo de compensación de emisiones para los nuevos proyectos, los cuales deben compensar en un 120%, es decir, una disminución neta de las emisiones, y la regulación de fuentes puntuales, como pequeñas calderas, acopios de áridos y de otras características”.

Sin embargo, todo lo caminado quedó en nada cuando, el martes de la semana pasada, la Contraloría General de la República resolvió  rechazar el plan, dando un duro golpe al Gobierno en materia medioambiental, porque uno de los objetivos trazados en el programa de Gobierno de Michelle Bachelet era elaborar 14 planes de descontaminación. Este era uno de los más emblemáticos y data de 1993.

"No se ajusta a derecho", señala la resolución firmada por el contralor Jorge Bermúdez, pero va más allá y cuestiona la gestión del ministerio en este ámbito: "Los niveles de emisión consignados en el inventario de emisiones establecido en el artículo 2º, tabla 2, en lo que se refiere a las fuentes puntuales, son superiores a los que constan en el informe técnico contenido en el respectivo expediente electrónico, habiendo sido modificados mediante una estimación efectuada por la secretaría de Estado suponiendo el escenario con mayor impacto ambiental –máximas emisiones autorizadas y máximas capacidades operacionales de las plantas–".

Según el documento del Ministerio del Medio Ambiente que abordaba los 14 planes que se trazó la administración de Bachelet, la contaminación atmosférica es el principal desafío para la autoridad ambiental en Chile.

Existen en el país 10 millones de personas expuestas a una concentración promedio anual de MP2,5 superior a la norma.

Incluso, ese mismo documento apelaba al Primer Reporte del Medio Ambiente publicado el 2013, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS), determinó que la contaminación atmosférica es responsable de al menos 4 mil muertes prematuras a nivel nacional. "Abordar esta contaminación traería beneficios en salud valorizados en alrededor de 8.000 millones de dólares al año", detalla el texto.

El rol del ministerio

El plan de Descontaminación para esta golpeada zona buscaba reducir en un 15% la concentración diaria de material particulado 2,5 y en un 21% la concentración anual.

Lo que cuestiona Contraloría es que la descontaminación de la zona apuntaba a que ese límite máximo debía ser sobre las emisiones reales de las empresas, que son más bajas que el límite máximo permitido. Al concentrar el plan en datos irreales, nada haría reducir la contaminación actual de las empresas. Es decir, Concón, Puchuncaví y Quintero no saldrían jamás de su nivel de saturación.

Por eso, uno de los párrafos de la Contraloría es tajante: "Las medidas dispuestas para las aludidas fuentes puntuales, diseñadas sobre la base de esos niveles que son mayores a la real contribución de emisiones por parte de ellas, no se traducen en una efectiva reducción de los contaminantes, de que se trata, por lo que el presente instrumento de gestión ambiental no cumple con la finalidad que la normativa le asigna".

Hernán Ramírez, de la agrupación Dunas de Ritoque, sostiene que con esto queda claro que los "errores" del ministerio van en directo beneficio de las empresas como AES Gener y sus cuatro termoeléctricas a carbón. "Hablamos de empresas sucias y contaminantes. Es la misma empresa que durante la anterior administración de Bachelet buscó construir la termoeléctrica Campiche en el borde de un humedal, lo que se logró con el apoyo del Gobierno de la época a pesar de un fallo de la Corte Suprema", apunta Ramírez.

El que se declare a una zona como saturada es resultado de un largo estudio donde se efectúan mediciones constantes. Así, por ejemplo, las zonas donde la norma de calidad del aire ha sido sobrepasada para algunos contaminantes son, por ejemplo, el complejo industrial Ventanas o el campamento de la División Chuquicamata de Codelco.

El 2 de marzo de 2015, mediante el Decreto Supremo Nº10 del Ministerio de Medio Ambiente, Concón, Quintero y Puchuncaví fueron declaradas saturadas por material particulado MP2,5 anual y en condición de latencia para MP2,5 diario y MP10 anual.

Cuando se dio a conocer el plan, una serie de reclamos se levantaron desde la ciudadanía.

La agrupación de Mujeres en Zonas de Sacrificio acusaron que los plazos establecidos para el cumplimiento total del plan en el Anteproyecto y en el Proyecto eran diferentes. "En el Anteproyecto se informó a la Comunidad de un plazo de 6 años para el cumplimiento del plan de descontaminación, y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aumentó dicho plazo sin expresión de motivos que justificara el mantener por 4 años adicionales a una población cercana a los 100 mil habitantes de las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón, respirando un aire con niveles de contaminantes que el Ministerio de Salud, así como el de Medio Ambiente, reconocen que generan enfermedades respiratorias, cardiovasculares y diversas formas de cáncer sin dar un motivo que justifique dicha decisión", se quejaron.

Uno de los párrafos en lo que también objeta el plan el organismo contralor, apunta justamente a esos plazos: "Cabe hacer presente que si bien el artículo 1º del decreto en comento previene que el plazo de vigencia del mismo es de 6 años, su artículo 2º,I.3 inciso segundo, hace referencia a un plazo de 10 años para el cumplimiento del objetivo del plan, disposiciones que no resultan concordantes",

Hernán Ramírez señala que las emisiones de contaminantes del aire de las centrales termoeléctricas de Gener, Fundición de cobre de Codelco, han significado que los habitantes de Puchuncaví, Quintero y Concón tengan que respirar durante décadas tales niveles de contaminación. "Han tenido que enfrentar enfermedades respiratorias, cáncer, daños neurológicos, principalmente en niños de estas comunas", puntualiza. Y suma dardos: "Que un plan como este cometa errores en los cálculos en la cantidad de contaminación atmosférica, tiene carácter de negligencia criminal".

Contraloría rechaza plan del gobierno para descontaminar emblemáticas zonas de sacrificio ambiental

El ente fiscalizador resolvió no tomar razón y declarar contrario a derecho el plan que buscaba imponer nuevos límites de emisiones a las principales fuentes contaminantes, mediante un sistema de compensación de emisiones.

Las comunidades afectadas si bien lamentaron que el tema siga postergándose, calificaron el actual escenario como una oportunidad para efectivamente garantizar el resguardo de la salud de la población.

La Contraloría General de la República resolvió este martes no tomar razón del emblemático plan de descontaminación de Concón, Quintero y Puchuncaví elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y aprobado hace un año por el Consejo de Ministros para la sustentabilidad, en lo que constituye un serio tropiezo para el gobierno en materia medio ambiental.

La iniciativa buscaba imponer nuevos límites de emisiones a las principales fuentes contaminantes, estableciendo un sistema de compensación de emisiones y regulando las emisiones de plantas de áridos, así como su extracción y producción, exigiendo medidas de confinamiento al transporte y almacenamiento de material sólido, y prohíbe de manera permanente las quemas agrícolas.

Se trata de una zona saturada de comprendida entre las comunas de Concón, Puchuncaví y Quintero tiene una superficie total de 524 km2 y una población que en conjunto suma más de 90 mil habitantes.

“Lo que busca este plan es congelar las emisiones ya presentes y poderlas disminuir, básicamente de GENER, División Ventanas CODELCO y Refinería Aconcagua ENAP que son los grandes emisores.

También prever un mecanismo de compensación de emisiones para los nuevos proyectos los cuales deben compensar en un 120%, es decir una disminución neta de las emisiones, y la regulación de fuentes puntuales como pequeñas calderas, acopios de áridos y de otras características”, dijo a fines de diciembre de 2016 el entonces titular de Medio Ambiente, Pablo Badenier, quien también encabezaba en ese entonces el Consejo de Ministros hasta que fuera reemplazado en abril de este año por el actual ministro Marcelo Mena.

Si bien la Contraloría no ha entregado las razones para declinar la toma de razón y declarar algunos aspectos del plan como contrarios a derecho, cercanos al proceso apuntan a un posible mal cálculo de las emisiones reales máximas de las fuentes contaminantes en la zona, como también respecto de las emisiones de las calderas.

Nueva oportunidad

En enero de este año, pocos días después que el Consejo de Ministros le diera el visto bueno al plan, las comunidades de la zona hicieron entrega a la Contraloría de una serie de observaciones al mismo, ya que consideraban que la reducción de contaminantes era insuficientes para garantizar la salud de la población.

"Como comunidad nosotros habíamos hecho observaciones al contralor, en el sentido que a parte de significar una baja reducción de lso contaminantes, tampoco había considerado el procedimiento establecido en la norma para que ello ocurriera, y tampoco había considerado el arsénico", dijo el consultor medio ambiental y miembro de la comunidad Hernán Ramírez.

Sobre este punto precisó que el objetivo era reemplazar el ya obsoleto plan de descontaminación que data desde 1993, el que sí contemplaba la reducción de emisiones de arsénico, "de lo que este plan no se hace cargo".

Agregó que si bien la decisión que adoptó hoy la Contraloría "atrasa la descontaminación porque el plan pudiese haber mejorado en algún nivel los actuales contaminantes de la zona, creemos que es mejor partir de cero y efectivamente avanzar en un plan de descontaminación que dé garantías a la comunidad de mejorar las condiciones ambientales. Creo que es una oportunidad y lamentablemente el actual ministro de Medio Ambiente, cuando era subsecretario, no tomó en consideración lo que la comunidad le señaló".

ClariNet