PORTADA-641-CHICA

AÑO 13
Edición N° 641
 
22 al 28 de abril de 2017
 
  
ASESINOS DE PINOCHET Y
LA DERECHA SE NIEGAN A
PEDIR PERDÓN A CHILENOS
Con una audacia y una prepotencia
demencial, los peores asesinos de
este país, que aplicaron un
sanguinario terrorismo de Estado
para imponer la dictadura de Augusto
Pinochet y permitir el
desmantelamiento de los derechos
sociales de la gente y saquear el
patrimonio estatal,
se niegan a pedir perdón.

Haciendo gala de un cinismo escalofriante, El Mercucho publicó que existe “molestia existe entre los internos del penal Punta Peuco luego que se conociera la intención de al menos seis condenados, de pedir perdón en una ceremonia ecuménica que se llevará a cabo al interior de la cárcel el viernes.

Ello, porque el resto de la población penal no comparte la pretensión de quienes decidieron expresar arrepentimiento por las violaciones a los derechos humanos por las cuales fueron sentenciados”.

El vocero de este desborde es el abogado de una fantasmal Multigremial de las Fuerzas Armadas (r), Raúl Meza, quien aseguró que  "el acto de reconocimiento personal, espontáneo y voluntario que harían algunos internos de Punta Peuco es un acto de justa reparación espiritual que se hace a las familias de las víctimas, pero este no tiene ningún sentido si no hay actitudes de misericordia y perdón por parte de ellas".

O sea, los muertos y torturados tienen la culpa de lo que les pasó.

Meza se mandó luego el siguiente párrafo: "La justicia termina cuando empieza la caridad y es esta la que están pidiendo los internos con enfermedades terminales de dicho penal", agregó, aclarando que "sin duda, que existen otros internos que legítimamente no están dispuestos a pedir perdón".

No explicó sin embargo, si los asesinados debieron disculparse ante sus verdugos por las molestias que les causaron.  

Víctimas de la Dictadura califican de show mediático perdón de reclusos de Punta Peuco

En tanto, el abogado Cristián Cruz acusó a la subsecretaria de DDHH, Lorena Fríes, y al ministro de Justicia, Jaime Campos, de ser parte del entramado para conseguir la impunidad de los condenados por delitos de lesa humanidad y calificó de nefasto el rol que ha jugado el sacerdote Fernando Montes.

Como un show mediático más que de fe calificó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, el anunciado perdón que pedirán este viernes seis condenados por violaciones a los Derechos Humanos en el penal de Punta Peuco.

Los internos del recinto carcelario participarán de una ceremonia religiosa que liderará el ex capellán evangélico de La Moneda Alfred Cooper y que también contará con la participación del sacerdote jesuita Fernando Montes.

Alicia Lira manifestó que están evaluando realizar movilizaciones por parte de la AFEP para contrarrestar la que calificó como una escalada política, judicial y mediática que se está llevando a cabo con el fin de beneficiar a los condenados por delitos de lesa humanidad.

“Nosotros le hacemos un llamado al señor Fernando Montes: dónde estuvo él cuando la Vicaría de la Solidaridad a la cabeza del Cardenal Silva Henríquez tuvo que instruir a civiles y sacerdotes para parar la muerte y el terrorismo en nuestro país. Muchos guardaron silencio y hasta ahora la Presidenta de la República no se pronuncia, eso nos parece de suma gravedad de este intento nuevamente de más impunidad en nuestro país”.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Alejandro Navarro, indicó que la actividad religiosa que se realizará este viernes en el penal de Punta Peuco, es meramente un acto político.

Navarro agregó que lo que se busca con esto es preparar un escenario para plantear el tema de la entrega de beneficios carcelarios a los reclusos de este penal, cuestión que nada tiene que ver con el arrepentimiento.

“Es una materia política donde ellos no han colaborado plenamente, la UDI debe y puede hacer mucho más en la búsqueda de la verdad y mientras no haya una decisión de asumir políticamente la responsabilidad que ellos tuvieron como partido eje en el apoyo a la dictadura militar, y mientras no haya por cierto una culpa y delación efectiva para dar con los restos de los detenidos desaparecidos, es un proyecto que tiene poca viabilidad política y por lo menos yo no estoy disponible para apoyarlo”.

Gaby Rivera, hija del dirigente sindical Juan Luis Rivera Matus, detenido y desaparecido el 6 de noviembre del año 1975, indicó que en su caso los militares en la llamada Mesa de Diálogo instaurada en las postrimerías del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle mintieron sobre el paradero de su padre.

Indicó que mediante información falsa y dilatoria testificaron sobre el lugar donde se encontraban sus restos, sin embargo, se supo que no era verdad, encontrándolo años después en el regimiento Fuerte Arteaga de la comuna de Colina.

“En la Mesa de Diálogo los militares dijeron que mi padre había sido lanzado al mar y después se encontraron sus restos dos meses después en el Fuerte Arteaga, por lo tanto yo no tengo ninguna fe, sé claramente que ellos han mentido y en el perdón que quieren pedir no les creo, ya que para eso, ellos tienen que entregar toda la información, qué fue lo que hicieron con nuestros familiares, quiénes los dejaron, dónde están sus restos”.

Sobre este mismo tema, Manuel Guerrero, hijo de una de las víctimas del llamado “caso degollados” relató el perdón que debió hacer con diversas personas a lo largo de su vida y también con el país.

A través de su cuenta de Facebook aseguró que él ya eximió de culpa, pero no precisamente a los asesinos de su padre o militares condenados.

Extraoficialmente se sabe que el ex director asistente de la Dina, Raúl Iturriaga Neumann, tomaría la palabra durante el acto y que participaría también el ex fiscal militar Fernando Torres Silva, además de otros cuatro condenados por los crímenes que cometieron durante la dictadura cívico-militar.

Abogado de DDHH por acto en Punta Peuco: “Rol del sacerdote Montes es nefasto”

Existe un guion predeterminado que los agentes de la dictadura cívico-militar deben seguir para dificultar la acción de la justicia.

Al menos así lo sostiene el abogado Cristián Cruz, representante en varias causas por violaciones a los derechos humanos cometidos bajo el régimen que encabezó Augusto Pinochet.

El profesional comentó que primero los militares procesados por delitos de lesa humanidad señalan tener dolencias físicas, como el caso del ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, quien en medio de los alegatos por el episodio La Serena de la Caravana de la Muerte, a través de su abogado sostuvo tener problemas de salud.

Luego viene el arrepentimiento.

Por eso Cruz considera que el acto religioso del viernes en el penal especial de Punta Peuco donde un grupo de oficiales retirados pedirá perdón, es “una opereta con varios actores, bufones, un claque para aplaudir –o contratado para aplaudir-. Y el tema es que nos quieren hacer creer o quieren instalar que los victimarios son las víctimas. Aquí no ha habido una política de Estado real para que se discuta este tema. ¿Dónde están los familiares de las víctimas? ¿Dónde están todos aquellos que han luchado por los derechos humanos para que se les invite a hablar en serio? Y cuando digo hablar en serio, lo que quiero referir es que se han instalado las autoridades como unas personas ecuánimes y justas sin nada más que escuchar a una de las partes y con eso quieren obligar a la ciudadanía, a las víctimas y a sus familiares a creer que todos estos agentes, que todos estos represores son buenas personas, son unas pobres víctimas y que finalmente debemos olvidar lo acaecido, o peor aún, que lo acaecido no ocurrió”.

Para el abogado, existe un entramado del cual son parte tanto los religiosos que participarán del evento del viernes en el recinto penal, como también autoridades del Gobierno, particularmente la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes, y el ministro de Justicia, Jaime Campos.

“Aquí creo que el rol del sacerdote (Fernando) Montes es nefasto. Y digo sacerdote porque él va en ese rol. A mí me consta ciertamente que él no ha actuado de una manera correcta. Pero más allá de aquello, todo esto lo inició comunicacionalmente Lorena Fríes. Ella asume la subsecretaría de Derechos Humanos y en una entrevista con La Tercera tira este tema. Después el ministro (Jaime) Campos asume en Justicia y en una entrevista a El Mercurio, preguntado por Punta Peuco, -claro, un poco más inteligente que Lorena Fríes, aparentemente-, trata de ampliarlo. Pero aquí el tema medular es que estamos hablando de beneficios o de impunidad total o parcial para los violadores a los derechos humanos”, sostuvo Cruz.

El jurista cuestionó la labor de ambos personeros de Gobierno, a quienes “no los vemos con esa misma fuerza hablando de los niños torturados en el SENAME; no los vemos con esa misma fuerza preocupándose realmente por las víctimas. No son personas, Lorena Fríes ni Campos, que en los años de la democracia hayan luchado con fervor en pos de justicia respecto a las violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura. ¿A qué nos lleva finalmente toda esta situación? A una impunidad”.

Esta realidad genera un precedente complejo para el futuro plantea Cristián Cruz, ya que se establece que los victimarios son víctimas y se crea una ilusión ante la ciudadanía para encubrir lo que en realidad es un crimen y un atropello grave a los derechos humanos.

Al respecto, ejemplificó con el caso del joven mapuche baleado el fin de semana por un funcionario de Carabineros en la Araucanía, “donde el general a cargo de la zona está pidiendo que creamos que ese carabinero es una víctima, que está muy afectado, que está muy dolido. ¿Dónde están las víctimas? ¿Dónde queda ese menor de edad baleado por Carabineros? Eso es lo que hoy día se reproduce; eso es lo que hoy día se ha asentado y aquí están las consecuencias”.

La experiencia de los indultos

Cristián Cruz abundó argumentos en contra de quienes cometieron delitos contra la humanidad en dictadura.

En el caso de Pedro Vivian Guaita (sargento de Carabineros condenado a seis años de presidio por el secuestro del dirigente comunista Pedro Acevedo y por quien el abogado Raúl Meza solicitó beneficios la semana recién pasada), “antes de entrar a cumplir condena en Punta Peuco se dirigió a una empresa de correos, remitió una carta al tribunal diciendo dónde estaban algunos restos de detenidos desaparecidos. Pero esa carta la envió bajo otro nombre. Y resulta que el lugar que él indicó está inundado, que no hay ninguna posibilidad de acceder”, comentó el abogado.

Otro agente que a juicio de Cruz se burló del país y de las víctimas de la represión de la dictadura es el suboficial en retiro del ejército Manuel Contreras Donaire,  que fue indultado en el gobierno de Ricardo Lagos a raíz de un avanzado cáncer que lo afectaba. Sin embargo el agente involucrado en el crimen del líder de los empleados fiscales Tucapel Jiménez, aún está vivo después de 10 años de recibido el beneficio.

Para el penalista no se puede considerar que estos agentes han colaborado con los tribunales “si no dicen dónde están los detenidos desaparecidos, no aportan antecedentes, no han aportado datos reales para las causas. Nos hemos demorado 40 años en avanzar justamente no sólo porque las fuerzas armadas, principalmente el ejército y desde las autoridades del Estado han hecho muy difícil todo esto, sino porque los mismos agentes han jugado, han jugado con la verdad, con hacerse las víctimas”.

Por eso, Cruz considera que “se quiere instaurar una nueva política de Estado, para ya definitivamente tratar que estas causas se cierren, que no haya una verdadera justicia y que quedemos con cuotas importantísimas de verdad denegadas. Porque una cuota importante de verdad que se nos han denegado es saber qué pasó con los detenidos desaparecidos. Y hasta el día de hoy nos consta que el ejército sigue prestando colaboración, como las otras ramas de las fuerzas armadas, a los ex agentes dándoles cobertura y facilitando el camino de la impunidad” y al que ahora se han sumado desde distintas instituciones políticas y religiosas.

Y SIGUE LA OFENSIVA:

Conferencia Episcopal entra al lobby por los presos de Punta Peuco: obispos piden "crecer en clemencia y misericordia"

El comité permanente de la Conferencia Episcopal, que agrupa a los obispos chilenos de la Iglesia católica, entregó este jueves  su mensaje de saludo navideño.

En la carta, presentada por el presidente de la entidad, monseñor Santiago Silva, y el obispo auxiliar de Santiago Fernando Ramos, la iglesia se pregunta "¿Qué realidades de nuestra sociedad pueden ser particularmente iluminadas con el nacimiento de Jesús y con su propuesta de vida nueva?", y la respuesta está en tres temas, que son los que abordan en el documento: niños y niñas en situación vulnerable, los migrantes en Chile y personas privadas de libertad con enfermedades terminales.

En este último tema, aunque no están mencionados de manera explícita, hay una alusión directa a la situación de al menos dos presos en el penal de Punta Peuco, condenados por delitos de lesa humanidad, que según el examen del juez Mario Carroza, en noviembre, son los que tienen su salud más deteriorada. Ellos han abierto el debate de la posible excarcelación de personas en estado terminal.

Los obispos recordaron que "Jesús, al final de su vida pública, fue apresado, juzgado y condenado a morir en la cruz. Muchos de sus discípulos fueron encarcelados por dar testimonio de su resurrección", asegurando que "para nadie es desconocido el sufrimiento que se experimenta cuando se vive privado de libertad en una cárcel, incluso cuando es producto de un juicio justo y correctamente ejecutado", dijeron.

Pero la Iglesia católica enfatizó que "hay situaciones especiales en las que se nos abren espacios para que como sociedad demos signos de humanidad y podamos crecer en clemencia y misericordia. Es el caso de aquellos que están cumpliendo una condena y, además, sufren una enfermedad terminal o alguna alteración en sus facultades mentales que afectan gravemente sus capacidades y disminuyen notablemente su relación con el medio y con las demás personas".

Sin embargo, en el mensaje no eludieron "las dificultades legales que implicarían estas medidas. Pero, ¿no será el momento en que como país busquemos los mecanismos jurídicos para que personas con estas dificultades, siguiendo criterios objetivos, puedan continuar cumpliendo en sus casas, junto a sus seres queridos, la condena recibida?", concluyeron.

El mensaje se entrega en medio de la preparación de un acto ecuménico en el interior del penal, donde se espera que algunos internos pidan perdón. A la ceremonia religiosa se ha confirmado la asistencia del sacerdote Mariano Puga, quien fue torturado en Villa Grimaldi.

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